Un inminente desalojo amenaza a la comunidad indígena quilmeña que se encuentra radicada en Colalao del Valle.Se trata de 40 familias que comenzaron a construir sus viviendas en un terreno que ahora reclama un particular, y a quien el juez de paz de la zona le otorgó derechos sobre las tierras.El cacique de la Comunidad India Quilmes, Delfín Gerónimo, explicó que las autoridades de la comunidad se basaron en el ejercicio de sus derechos como pueblo originario para asignarle lotes del territorio comunitario a esas familias, que vivían hacinadas en la comunidad de base de Colalao del Valle.El objetivo era que puedan construir sus viviendas y mejorar su calidad de vida.Sin embargo, el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar, hizo lugar a un amparo presentado por Encarnación Rodríguez de Colombo. Genónimo destacó que la mujer no presentó escrituras. "Alegó la simple tenencia del predio, invocando supuestos derechos sobre nuestra tierras ancestrales", puntualizó el cacique."La resolución de este juez, que ha violado abiertamente la Ley Nº 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe los desalojos de las comunidades de sus tierras tradicionales, responde a intereses existentes de personas vinculadas incluso con las instituciones estatales locales como la Comuna Rural de Colalao del Valle que son parte interesada en este caso", denunció Gerónimo.
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